Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente aprobación del Congreso de la República de un texto sustitutorio para la creación de una Comisión Especial Multipartidaria que se encargará de elaborar un nuevo Código Penal ha desatado una ola de críticas y preocupaciones, especialmente por parte del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Este gremio ha manifestado su oposición a que los congresistas asuman una tarea que, consideran, debe ser llevada a cabo por expertos en la materia, en lugar de ser sometida a los intereses políticos coyunturales que pueden influir en el proceso legislativo. El CAL sostiene que la elaboración de un nuevo Código Penal es una responsabilidad que requiere un enfoque técnico y especializado, el cual no puede ser garantizado si el proceso se deja en manos de los legisladores. "La creación de un Código Penal debe ser un esfuerzo colectivo y plural, donde se integren las voces de juristas destacados de diversas instituciones tanto públicas como privadas, lo que asegura un resultado alineado con los principios de un estado democrático y social de derecho", afirmaron desde la institución. Entre las críticas más contundentes se encuentra el llamado a que el Congreso delegue estas facultades al Ejecutivo, de manera que se forme una comisión reformadora compuesta exclusivamente por expertos en derecho penal. De esta manera, se garantizaría un proceso más riguroso y acorde a las necesidades del país, así como a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los cuales, según el CAL, el Congreso ha comenzado a ignorar. El CAL también ha puesto bajo la lupa las recientes modificaciones al Código Penal que se han aprobado en el Congreso, resaltando que estas han sido llevadas a cabo de manera desordenada y sin un marco integral de política pública. Esto, según su perspectiva, no solo debilita el sistema de justicia, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía hacia la labor legislativa, un aspecto que se ha vuelto crítico en el contexto actual del país. Asimismo, el gremio ha enfatizado la necesidad de que el nuevo Código Penal sea un texto coherente y sistemático, que no solo defina con claridad los delitos y las penas correspondientes, sino que también esté en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. Esta exigencia se convierte en un pilar fundamental para garantizar que las reformas no solo sean efectivas, sino que también respeten los compromisos asumidos por el Estado peruano ante la comunidad internacional. La preocupación sobre la dirección que está tomando el proceso legislativo en materia penal se ha intensificado, especialmente en torno a propuestas que buscan limitar el control judicial y criminalizar la actuación de jueces y fiscales. Esto, advierten, podría tener consecuencias severas para la autonomía judicial y el estado de derecho, pilares fundamentales en cualquier democracia. En este contexto, el CAL ha reiterado su compromiso de colaborar en la construcción de un Código Penal moderno y justo, aportando su experiencia y conocimiento técnico. Sin embargo, han instado a las autoridades a tomar en cuenta sus sugerencias y a asegurarse de que esta reforma realmente responda a las necesidades del país, así como a los estándares internacionales. En conclusión, la creación de un nuevo Código Penal es un tema que requiere atención prioritaria y un enfoque basado en el consenso y la participación de expertos. La crítica del CAL al Congreso no es solo una expresión de desacuerdo, sino un llamado a la reflexión sobre la importancia de contar con un marco legal que sirva a la sociedad de manera efectiva y que respete las normas internacionales. La comunidad espera que, en adelante, el proceso legislativo se conduzca con mayor seriedad y compromiso hacia una reforma que realmente beneficie al país.